García Harfuch: trasladan 25 reos peligrosos a penales federales
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó el traslado de 25 reos considerados de alta peligrosidad desde centros penitenciarios estatales de Michoacán hacia prisiones federales.
Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad, García Harfuch explicó que la medida forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una intervención integral diseñada para reducir riesgos dentro de los penales locales y evitar que líderes criminales continúen operando desde el interior de los centros de reclusión.
Se llevó a cabo un operativo de traslado de 25 personas privadas de la libertad de Ceresos de Michoacán hacia centros penitenciarios federales”, detalló el funcionario, al precisar que la acción fue ejecutada por elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad del Sistema Penitenciario, con apoyo interinstitucional.
Riesgo de motines y reagrupamiento criminal
De acuerdo con la SSPC, los internos trasladados presentaban liderazgos negativos, capacidad para incitar desórdenes, vínculos delictivos activos y recursos económicos suficientes para corromper al personal penitenciario, lo que representaba una amenaza directa a la estabilidad de los centros estatales.
García Harfuch advirtió que mantenerlos en penales locales implicaba riesgos de reagrupamiento criminal, aumento de tensiones internas, posibles motines y actos de presión colectiva, por lo que su reubicación a centros federales permite neutralizar estas conductas mediante esquemas de control más estrictos.
Los 25 reos fueron distribuidos en cuatro Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) ubicados en Durango, Nayarit, Coahuila y Veracruz, bajo un operativo coordinado entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la propia SSPC.
El titular de Seguridad aclaró que ninguno de los trasladados es objetivo prioritario para Estados Unidos ni cuenta con orden de extradición, subrayando que la decisión responde exclusivamente a criterios de seguridad interna y gobernabilidad penitenciaria.
