Vinculan a proceso a Liliana “N” por presunta crueldad animal contra Rocky
Saltillo, Coahuila.– Una jueza vinculó a proceso a Liliana “N”, señalada por su presunta responsabilidad en el caso de crueldad animal contra el perro identificado como Rocky, y ordenó que permanezca en prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.
La resolución fue emitida durante la audiencia inicial celebrada el 21 de julio, dentro de la causa penal 1365/2026. El órgano jurisdiccional concedió un plazo de tres meses para que la Fiscalía General del Estado y la defensa desarrollen la investigación complementaria.
La vinculación a proceso significa que la jueza encontró datos suficientes para que la acusación continúe siendo investigada formalmente; sin embargo, no representa todavía una sentencia ni implica que la imputada haya sido declarada culpable.
La decisión judicial también aclara las versiones difundidas en redes sociales respecto a un supuesto amparo que impediría su detención. La sola presentación de una demanda de amparo no concede libertad automática ni cancela un proceso penal. Para suspender una orden de captura o modificar una medida cautelar tendría que existir una resolución expresa de un juez federal.
Hasta el momento, la determinación vigente establece que Liliana “N” permanezca privada de la libertad durante el desarrollo del procedimiento, salvo que otra autoridad judicial modifique posteriormente dicha medida.
De acuerdo con el Código Penal de Coahuila, los actos injustificados de maltrato o crueldad animal pueden castigarse con penas de seis meses a cuatro años de prisión. Cuando las lesiones ponen en peligro la vida del animal, la sanción puede aumentar hasta en una mitad.
En caso de que la agresión provoque la muerte del animal, la legislación contempla una pena de dos a seis años de cárcel y una multa de 300 a mil días. Si antes de morir el animal sufrió una agonía prolongada o métodos que le causaron grave sufrimiento, la pena puede incrementarse en una mitad, por lo que el máximo podría alcanzar hasta nueve años de prisión.
La sanción que eventualmente pudiera imponerse dependerá de los delitos que sean acreditados, las condiciones de salud de Rocky, las pruebas presentadas por la Fiscalía y la resolución final del tribunal.
Durante los próximos tres meses, el Ministerio Público continuará recabando dictámenes veterinarios, testimonios, videos y otros elementos relacionados con el caso. Al concluir ese plazo, el proceso avanzará hacia la etapa intermedia, en la que se determinarán las pruebas que podrán presentarse en un eventual juicio.
