El INE vuelve a cambiar su color institucional; ahora será gris
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Apenas dos semanas después de cambiar el color institucional del Instituto Nacional Electoral (INE) a un tono lila muy parecido al que ha utilizado el gobierno capitalino de Clara Brugada, el grupo de Guadalupe Taddei Zavala, la consejera presidenta del organismo, decidió adoptar el gris para su imagen institucional, pero no dio a conocer el costo de esta segunda modificación.
Ante la lluvia de críticas y burlas por el color que la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE eligió el pasado 9 de septiembre, similar al que la administración de Brugada utilizó para pintar las bardas y puentes de la ciudad para el Mundial de Futbol –un fenómeno que se conoció como “ajolotización” de la capital–, la Junta General Ejecutiva tuvo una reunión en la noche de este jueves para definir el nuevo color.
“El gris, en sus distintas tonalidades, será el color predominante, en atención a los valores de neutralidad e imparcialidad del Instituto como árbitro de las contiendas electorales”, determinó el acuerdo adoptado por unanimidad por la junta, integrada por Guadalupe Taddei y Roberto Félix López –el nuevo titular de facto de la Secretaría Ejecutiva–, y por los directores de área del INE que han sido nombrados por la presidenta del organismo.
«Esta propuesta fortalece la identidad del Instituto a partir de los principios que orientan su función como máxima autoridad electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima transparencia”, aseveró Sergio Uzeta Murcio, el titular de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, quien tuvo que enmendar la pifia de su área y dejar sin efecto el manual aprobado el 9 de septiembre.
Aun así, el titular del Órgano Interno Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, observó cuatro “inconsistencias” en la paleta cromática, y agregó que “no se advierte el formato de impacto presupuestal” de esta segunda modificación de color de la imagen institucional del INE, lo que levantaría cuestiones sobre “la compatibilidad de la implementación con los principios de austeridad, economía, eficiencia y racionalidad del gasto”

