No basta con mejorar la percepción; Torreón debe esclarecer las violaciones a los derechos humanos: Antonio Attolini
Torreón, Coahuila.— Tras la publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, el diputado local de Morena y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Antonio Attolini Murra, señaló que los indicadores de percepción de seguridad no pueden utilizarse para dejar fuera del escrutinio público casos graves de presuntas violaciones a los derechos humanos que siguen sin ser plenamente esclarecidos.
“Una encuesta sobre percepción ciudadana jamás puede convertirse en un certificado de impunidad. Que una parte de la población se sienta más segura no exime a las autoridades de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.”
En ese contexto, Attolini exigió avances concretos y resultados en las investigaciones de los casos de Even Cerda, presuntamente privado de la libertad por elementos de la Policía Municipal; Cris Pérez Hernán, fallecido en circunstancias sospechosas al interior de los Tribunales Municipales de Torreón; y Rolando Medina, asesinado durante un operativo del Grupo de Reacción Torreón (GRT) en Nuevo Mieleras.
El legislador recordó que, en el caso de Rolando Medina, existe además una recomendación emitida por el organismo estatal de derechos humanos que el Ayuntamiento de Torreón continúa sin cumplir, incumplimiento que calificó como una muestra preocupante de falta de compromiso con la rendición de cuentas.
“Si realmente aspiramos a una ciudad segura, la autoridad debe ser la primera en respetar la ley. La confianza ciudadana no se construye únicamente con indicadores de percepción, sino con instituciones capaces de investigar sus propios abusos, sancionar a los responsables y garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir.”
Attolini afirmó que los derechos humanos no son un obstáculo para la seguridad pública, sino su condición indispensable.
“Seguridad sin derechos humanos es pacto. Es pactar con el silencio, con la impunidad y con el abuso de poder. La verdadera seguridad exige legalidad, transparencia y justicia para las víctimas.”
Finalmente, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado, al Ayuntamiento de Torreón y a todas las autoridades competentes para que esclarezcan plenamente los tres casos, deslinden responsabilidades administrativas, políticas y penales, y actúen en consecuencia.
“Las familias de Even Cerda, Cris Pérez Hernán y Rolando Medina tienen derecho a la verdad y a la justicia. Torreón merece instituciones que rindan cuentas. Ningún resultado estadístico puede sustituir la obligación constitucional de proteger los derechos humanos y de responder cuando el propio Estado es señalado por haberlos vulnerado.”
