Congreso de Coahuila va contra preparatorias y universidades con certificados irregulares
Saltillo, Coahuila.— El Congreso del Estado reforzó las acciones para revisar la legalidad de bachilleratos y universidades que operan en Coahuila, particularmente aquellas que ofrecen servicios educativos “fast track” sin contar con las certificaciones y acreditaciones correspondientes, informó el diputado local Alfredo Paredes López.
El legislador explicó que, derivado de exhortos y pronunciamientos impulsados desde el Congreso, se inició una ruta de verificación sobre la legalidad de distintas instituciones educativas. Durante este proceso, dijo, comenzaron a surgir inquietudes de ciudadanos respecto a preparatorias, secundarias y universidades que presuntamente emiten certificados sin respaldo oficial.
Paredes López señaló que el exhorto actual está dirigido principalmente a preparatorias que ofrecen esquemas acelerados sin cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades educativas, lo que genera certificados sin validez oficial. Subrayó que el objetivo central es brindar certeza y tranquilidad a madres y padres de familia, garantizando que sus hijas e hijos estudien en instituciones debidamente certificadas.
Indicó que, aunque en esta etapa el enfoque está en las preparatorias, no se descarta ampliar la revisión a secundarias, primarias e incluso niveles como kínder o maternal, con el fin de mantener a Coahuila como un estado referente en instituciones educativas sólidas, legales y con certeza jurídica para el alumnado.
El diputado reconoció que los modelos flexibles de estudio, como la preparatoria en línea o de medio tiempo, surgieron para atender a adultos mayores y trabajadores que buscan concluir sus estudios; sin embargo, advirtió que algunas instituciones han abusado de estos esquemas al ofrecer certificados irregulares sin contar con permisos de las secretarías correspondientes.
Detalló que el Congreso trabaja de manera coordinada con otros legisladores para integrar una lista de instituciones que podrían estar incurriendo en estas prácticas, mismas que se detectan en distintas regiones del estado, como la Sureste, Centro y Laguna. Añadió que se mantiene comunicación con autoridades educativas federales y estatales para establecer un plan conjunto de atención.
Finalmente, aclaró que la intención inicial no es sancionar, sino revisar caso por caso, ayudar a regularizar a las instituciones que tengan documentación pendiente y, únicamente en caso de incumplimiento reiterado, avanzar hacia posibles sanciones, siempre privilegiando el equilibrio y el diálogo institucional.
