Defienden expertos la función de la Suprema Corte y los límites al proceso reformador de la Constitución

La Constitución es el pilar que sostiene los principios y valores de nuestra nación. Cuando se busca modificarla para servir a intereses contrarios a esos principios, se pone en riesgo la integridad de nuestro orden jurídico. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desempeña un papel fundamental al establecer límites al Poder Reformador y proteger la esencia de nuestra Constitución.

“La idea de que el Poder Reformador de la Constitución tiene facultades ilimitadas es, en sí misma, peligrosa y antidemocrática. El criterio fijado por la SCJN en el amparo en revisión 186/2008 que dio origen a la tesis P. LXXV/2009 (con registro digital 165713 en el Semanario Judicial de la Federación) pone al descubierto que este poder no es absoluto. El Poder Reformador es, en esencia, un órgano constituido, sujeto a las limitaciones y procedimientos que la misma Constitución le impone” señala el abogado constitucionalista, Pablo Andrei Zamudio Díaz, en entrevista para Excélsior.

Esta distinción es crucial para entender la naturaleza del sistema jurídico mexicano. Pablo Andrei Zamudio Díaz refiere que a diferencia del Poder Constituyente, que crea la Constitución desde cero, “el Poder Reformador opera dentro de un marco ya establecido. Pretender que el Poder Reformador actúe sin límites equivaldría a otorgarle la capacidad de desmantelar la Constitución a su antojo, una posibilidad que socavaría la estabilidad y permanencia del pacto social que define a nuestra nación”.

El litigante Zamudio Díaz puntualiza que la diversa tesis P. LXXVI/2009 (con registro digital 165708 en el Semanario Judicial de la Federación) representa otro avance importante al permitir que cualquier persona pueda impugnar el procedimiento reformador mediante el juicio de amparo. “La posibilidad de controlar judicialmente el proceso de reforma constitucional garantiza que este respete los principios y reglas que nuestra Constitución establece, reforzando el compromiso con un estado de derecho democrático y participativo”.

El control de convencionalidad también juega un papel esencial, asegurando que las reformas estén alineadas con los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos. Esto evita que el proceso reformador se utilice para retroceder en la protección de estos derechos fundamentales.

Pablo Andrei Zamudio Díaz describe la defensa de la Constitución como una última instancia, “la defensa de nuestros derechos y libertades. Por lo que una de las máximas encomiendas de la SCJN es reafirmar que ningún poder está por encima de la Constitución, y así garantizar que, mientras exista un control judicial efectivo, nuestra democracia y derechos humanos estarán protegidos. Como abogado constitucionalista, reafirmo mi compromiso de defender una Constitución que refleje y proteja los ideales de justicia, libertad y dignidad que nos definen como nación”.

En última instancia, la defensa de la Constitución es la defensa de la propia libertad. Y es una batalla que no podemos darnos el lujo de perder, finaliza.