Juez ordena mantener deportación ‘fast track’; EU no suspenderá el Título 42
El gobierno de Joe Biden no podrá levantar el lunes la medida que Donald Trump implementó en 2020 para expulsar de forma inmediata a los migrantes.
WASHINGTON.
La administración Biden no podrá retirar el lunes la facultad de los agentes fronterizos para expulsar a migrantes de inmediato, sin darles la oportunidad de pedir asilo.
Robert Summerhays, un juez federal de Luisiana, ordenó mantener vigente la medida conocida como Título 42, implementada por el entonces presidente Donald Trump en marzo de 2020, como justificante para evitar la propagación de covid-19 y que implica una deportación sin proceso jurídico.
La orden se mantendrá vigente mientras avanza el litigio, salvo cualquier apelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Casa Blanca confirmó anoche que impugnará, adelantó la portavoz Karine Jean-Pierre.
La desafortunada decisión dice que el gobierno puede suspender el asilo sin aviso previo, pero no puede restaurar las leyes de migración normales sin atravesar un largo y complicado proceso”, dijo Aaron Reichlin-Melnick, asesor del Concejo Estadunidense para Migración.
En tanto, cientos de migrantes se concentraron en Ciudad Juárez, por lo que las autoridades del ayuntamiento preparan un operativo para su contención y atención.
ORDENAN SEGUIR EXPULSANDO A MIGRANTES
Las autoridades estadunidenses no pueden proceder de inmediato con los planes de levantar las restricciones que facultaban a los agentes en la frontera con México a expulsar a los migrantes sin posibilidad de solicitar asilo, dijo ayer un juez de Luisiana.
La administración de Biden anunció que apelará el fallo.
La administración no está de acuerdo con la decisión del tribunal y el Departamento de Justicia anunció que apelará”, dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
La orden nacional emitida por el juez de distrito Robert Summerhays significa que las restricciones, que debían finalizar el 23 de mayo, permanecerán vigentes en la frontera mientras avanza el litigio.
Las restricciones por la pandemia, conocidas como Título 42, se implementaron en marzo de 2020 durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron en ese momento que era necesario para frenar la propagación del coronavirus.
Desde entonces, las autoridades han utilizado más de 1.8 millones de veces el Título 42 para expulsar a ciudadanos de varias nacionalidades.
En abril, los CDC dijeron que el Título 42 ya no era necesario para combatir los contagios de covid-19 debido a la mayor disponibilidad de vacunas y otras herramientas.
Pero una coalición de dos docenas de estados encabezados por Arizona, Luisiana y Misuri, todos con fiscales generales republicanos, presentaron una demanda para evitar que el gobierno ponga fin a la política.
La desafortunada decisión de hoy dice que el gobierno puede suspender el asilo sin aviso previo, pero no puede restaurar las leyes de migración normales sin atravesar un largo y complicado proceso”, dijo a AFP Aaron Reichlin-Melnick, asesor político principal del Concejo Estadunidense para Migración, una organización sin fines de lucro.
El Título 42 es el nombre coloquial para referirse a una medida pública sanitaria que data de 1893 cuando Estados Unidos buscaba frenar brotes de cólera y fiebre amarilla. Desde entonces fue raramente utilizada.
La expulsión bajo esa política es inmediata y no contempla un proceso jurídico, ni obliga a deportar a los inmigrantes a sus países de origen.
Hay algunas excepciones, como ocurrió con miles de ucranianos que llegaron a la frontera terrestre con México huyendo de la invasión rusa.
La organización no gubernamental Human Rights First documentó casi 10 mil ataques violentos como tortura, secuestro o violación contra inmigrantes en otros países después de ser expulsados de EU bajo el Título 42.
En 2021, 557 personas fallecieron en la frontera, el peor saldo anual de la serie histórica de las autoridades fronterizas.
Gráfico: Hospital de la Universidad de California, San Diego
EL MURO Y SU IMPACTO HUMANITARIO
Fracturas expuestas, órganos perforados y un aborto involuntario: el doctor Jay Doucet ha visto la gravedad de sus pacientes aumentar a la par de la altura del muro fronterizo de Estados Unidos, con miles de migrantes que arriesgan su vida para evadir el Título 42.
Tú y yo no saltaríamos una pared de 9.1 metros, pero ellos sí”, comenta Doucet, jefe de traumatología del Hospital de la Universidad de California, San Diego.
Un estudio de Doucet y varios colegas publicado en abril contabiliza 67 pacientes en San Diego entre 2016 y 2018 vinculados con el muro.
Pero desde 2019, cuando varios tramos fueron elevados de 5.4 a 9.1 metros por órdenes del expresidente Donald Trump, han sido internados 375, y 16 han fallecido.
Tenemos evidencia empírica clara de que estos muros más altos no detienen ni desvían los flujos migratorios, pero sí ocasionan más heridos y de mayor gravedad”, dice Carlos González Gutiérrez, cónsul de México en San Diego, quien ha acompañado la hospitalización de cientos de mexicanos.
SE AGLOMERAN DECENAS EN CIUDAD JUÁREZ
Cientos de migrantes se han aglomeraron en Ciudad Juárez, por lo que las autoridades del ayuntamiento preparan un operativo para su contención y atención.
Ayer, entre 100 y 200 haitianos se juntaron frente a la Catedral de Ciudad Juárez, en la Oficina de Movilidad Humana de la diócesis local, solicitando protección y apoyo para ingresar por esta frontera a Estados Unidos.
En Juárez son principalmente albergues de congregaciones religiosas los que atienden a los migrantes y donde esperan respuesta de EU varios meses, incluso años.
El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, adelantó que ya sostuvieron reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno, en materia de seguridad, y con el Instituto Nacional de Migración, donde se analizó la posible crisis que se temían que surgiera a partir del lunes, ante el levantamiento del Título 42, política que permitía la expulsión inmediata de migrantes. Ayer, un juez ordenó su continuidad.
Se planeó principalmente el incremento de policías para la vigilancia y evitar manifestaciones que se salgan de control y perturben el tránsito internacional de México a EU.
DESCARTAN USO DE PÚAS
Coahuila descartó que el gobierno de Texas vaya a entregar alambre de púas para blindar la frontera del estado en las márgenes del Río Bravo y evitar el paso de migrantes desde esta frontera a Estados Unidos.
Fernando de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de la entidad, dio a conocer que las cuencas del río son de jurisdicción federal y no estatal, por lo que no se podría concretar.
Con lo anterior, quedó descartada la información que difundió Fox News, de que Texas proporcionaría a Coahuila alambre de púas y se daría entrenamiento para su instalación.
Destacó que, con el blindaje de la frontera en Acuña y Piedras Negras se busca garantizar los derechos humanos de los migrantes y lograr la detención de los “polleros”.
En lo que va del año han muerto ahogadas poco más de 80 personas que son arrastradas por la corriente del río.
