Mario Aburto obtiene amparo contra omisión de la FGR
Mario Aburto Martínez obtuvo un amparo ante la omisión de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar presuntos casos de tortura en su contra.
Mario Aburto Martínez, sentenciado a 45 años de prisión por el magnicidio del entonces candidato priista a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, en 1994, obtuvo un amparo ante la omisión de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar presuntos casos de tortura en su contra.
El juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Antonio González García, concedió el amparo solicitado por el sentenciado, sin hacer público en su acuerdo los efectos de su resolución.
Aburto Martínez, señalado como el “asesino solitario” del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en marzo de 1994, reclamó en su solicitud de amparo que la FGR ha sido omisa para investigar los actos de tortura en su contra cometidos desde esa fecha.
El originario de Zamora, Michoacán, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en Guanajuato, denunció que ha sido víctima de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
En su recurso indicó que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la FGR, no ha supervisado a la Fiscalía de Investigación del Delito de Tortura en el cumplimiento de sus investigaciones en este caso.
Con la designación de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se revisó el caso de Aburto Martínez, y en octubre de 2021 se emitió una recomendación a la FGR y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras acreditarse presuntos casos de tortura contra el detenido.
Además de este amparo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en el Estado de México, estudia un amparo en revisión, tramitado por el sentenciado, en el que argumenta que se declaró culpable por la tortura cometida en su contra; y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a revisar un amparo en contra de la sentencia de 45 años que se le impuso por el asesinato cometido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurina, Tijuana, en Baja California.
